Ganar una licitación por precio tiene una trampa que muchos proveedores descubren tarde: la oferta más barata es, casi por definición, la que la entidad va a mirar con sospecha. El Decreto 1082 de 2015 le ordena revisar si un valor "parece artificialmente bajo", y ese examen suele llegar en plena audiencia. Una sentencia del Consejo de Estado de junio de 2026 y un concepto de Colombia Compra Eficiente de agosto aclaran qué puede exigir la entidad, qué tiene que demostrar el proponente y qué pasa cuando la administración rechaza sin razones suficientes.
El punto de partida está en dos normas. El numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 hace responsables a los contratistas que formulen propuestas con condiciones económicas artificialmente bajas para quedarse con el contrato. Y el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 fija el procedimiento: si el valor de una oferta parece artificialmente bajo según el análisis del sector, la entidad debe pedir al oferente que explique el precio; el comité evaluador analiza la respuesta y recomienda rechazar o seguir evaluando. Si el menor valor responde a circunstancias objetivas del oferente que no ponen en riesgo el contrato, la entidad debe seguir con la evaluación. En la subasta inversa, la regla se aplica sobre el precio final de la puja.
Para decidir a quién pedirle explicaciones, la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente propone dos métodos. Con menos de cinco ofertas, la comparación absoluta: se pide aclaración a las propuestas que estén un 20% o más por debajo del costo estimado. Con más ofertas, la comparación relativa: se calcula un valor mínimo aceptable a partir de la mediana o el promedio de las propuestas y su desviación estándar. Ninguno de los dos es una causal de rechazo. Son alarmas que activan el requerimiento.
El caso que resolvió la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado el 16 de junio de 2026 (radicado 05001-23-33-000-2024-00030-01, número interno 73.079) muestra cómo se juega esto en la práctica. El Distrito de Medellín abrió una licitación de $70.000 millones para la malla vial, evaluada por el método de menor valor. El Consorcio Génesis quedó primero con $63.603 millones, un 9,14% por debajo del presupuesto y por debajo del valor mínimo aceptable de $64.735 millones calculado con la guía. El comité lo requirió dos veces durante la audiencia, con menos de hora y media para responder. El consorcio explicó que uno de sus socios era socio mayoritario de una planta de mezcla asfáltica, el insumo de mayor peso en el presupuesto, que tenía equipos de pavimentación propios y que su porcentaje de imprevistos respondía a sus procesos internos. Adjuntó cotizaciones y el desglose de precios unitarios. El comité aceptó la explicación y recomendó adjudicarle.
La funcionaria delegada para contratar se apartó de esa recomendación, encargó una revisión técnica, rechazó la oferta por precio artificialmente bajo y adjudicó a otro consorcio. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, condenó al Distrito a pagarle a Génesis la utilidad que esperaba obtener, actualizada en $2.496 millones, y declaró responsable a la funcionaria por culpa grave, con la obligación de reembolsar el 45% de esa suma.
Las razones de la Sala son la parte útil para cualquier proponente. Primero, un precio bajo no es por sí mismo un precio artificialmente bajo: solo lo es el que, además de estar muy por debajo del mercado, no tiene una explicación técnica, económica, operativa o financiera. Un precio bajo bien sustentado es competitividad en el mercado. Segundo, cuando el método de evaluación es el de menor valor, la oferta ganadora casi siempre quedará bajo el umbral estadístico, así que el requerimiento es esperable y no anticipa un rechazo. Tercero, el 20% y el valor mínimo aceptable no son estándares rígidos: deben leerse junto con el histórico de procesos parecidos y las condiciones del sector. Y cuarto, la entidad puede apartarse del comité evaluador, pero con razones objetivas y verificables; no basta invocar el "deber de responsabilidad".
El Concepto C-1031 de 2026 de Colombia Compra Eficiente, del 12 de agosto, completa el cuadro desde el lado del trámite. La forma y el plazo del requerimiento quedan a discreción de la entidad, que puede usar un medio ágil como el correo, pero el término debe ser razonable y proporcional. La respuesta tiene que ser clara y suficiente para desvirtuar la duda y no sirve para modificar la oferta. La guía recomienda rechazar cuando el proponente no responde por escrito, no envía la información pedida, no demuestra que la oferta es sostenible durante la ejecución o no desvirtúa que se trate de una estrategia colusoria. Las circunstancias que pueden justificar un precio menor, como técnicas de producción distintas, cercanía a los insumos, mejores condiciones con proveedores, diversificación o economías de escala, no son una lista cerrada.
Para el proveedor, la lección es preparar la defensa antes de presentar la oferta. Si va a ofertar muy por debajo del presupuesto, conviene tener listos el análisis de precios unitarios, las cotizaciones firmadas de los insumos críticos y la prueba de la ventaja que explica el descuento, sea planta propia, equipos, cercanía a la obra o contratos con proveedores. Con horas para responder no hay tiempo de reunirlo. Si el rechazo llega sin motivación objetiva, el caso de Medellín muestra que el camino judicial puede terminar en la nulidad del contrato y en una condena por la utilidad perdida.
Para el veedor y para la entidad, el caso deja una regla de transparencia: en el SECOP II tiene que quedar escrito por qué una oferta se rechazó por precio y por qué la entidad se apartó del comité, si lo hizo. Parte de ese análisis es saber cuánto descuento han tenido los procesos comparables de la misma entidad: es la información que LuxIA organiza desde los datos abiertos para contrastar una oferta con el historial real, no solo con un umbral.