El 7 de octubre de 2026 el presidente firmó la Directiva Presidencial 04, dirigida a ministros, directores de departamento administrativo y representantes legales de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Su asunto es la verificación del cumplimiento contractual y la protección de los recursos públicos, y su idea central cabe en una frase del propio texto: ningún pago podrá tramitarse sin que previamente se haya verificado el cumplimiento de las obligaciones que lo sustentan. La directiva no crea una obligación nueva: toma un deber que ya existía, el de vigilar la ejecución de cada contrato, y convertirlo en una condición explícita del pago, con un rastro documental que debe quedar a la vista.
El punto de partida es la Ley 1474 de 2011, que en sus artículos 83 y 84 obliga a las entidades a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado mediante un supervisor o un interventor, y define las responsabilidades de quien cumple esa función. La práctica, sin embargo, ha convertido a menudo la supervisión en un trámite: el contratista entrega un informe, el supervisor firma la certificación de cumplimiento y la cuenta de cobro sigue su curso. La directiva ataca justamente ese automatismo. Pide que el supervisor verifique, de acuerdo con la naturaleza de cada contrato, que las obligaciones se encuentren efectivamente ejecutadas y cuenten con evidencia idónea, suficiente y verificable, y que solicite aclaraciones o soportes cuando lo estime necesario.
El primer numeral añade una prohibición que dice mucho sobre el problema que se quiere corregir: no está permitido elaborar, modificar o incorporar documentos con el propósito de acreditar actividades que no hayan sido efectivamente realizadas. Y si el representante legal o el ordenador del gasto recibe noticia de un posible incumplimiento, debe conminar al contratista a cumplir lo pactado y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los recursos. Para el contratista esto significa que el informe de actividades deja de ser suficiente por sí solo: el pago dependerá de lo que el supervisor pueda comprobar y dejar documentado en el expediente.
El segundo numeral mira hacia atrás. El supervisor, sin importar cuándo fue designado, debe hacer una revisión integral del expediente de los contratos vigentes. Si encuentra inconsistencias en la calidad de lo adquirido, hechos que puedan constituir actos de corrupción, riesgos para el cumplimiento o pagos por obligaciones no ejecutadas, debe informarlo de inmediato al representante legal o al ordenador del gasto para que se adopten las medidas contractuales, administrativas y judiciales del caso. Cuando haya hechos que razonablemente comprometan responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales, deben ponerse en conocimiento de las autoridades competentes. En la práctica, esto abre la puerta a multas, declaratorias de incumplimiento y efectividad de garantías por la vía del procedimiento del artículo 86 de la misma Ley 1474.
El tercer numeral es el que más le interesa a un veedor. Las entidades deben garantizar que la información y los documentos que permitan verificar el cumplimiento y que soporten los pagos estén organizados, disponibles, incorporados al expediente contractual y publicados en el SECOP o en el medio electrónico correspondiente, con respeto por las reservas legales y la protección de datos personales. Dicho de otro modo, la evidencia que justifica cada pago no debería quedarse en un correo del supervisor: debería poder consultarla cualquier ciudadano en el expediente electrónico del contrato. Si un contrato de la Rama Ejecutiva nacional registra pagos sin informes de supervisión ni soportes publicados, la directiva le da al veedor un argumento concreto para pedirlos mediante derecho de petición.
El cuarto numeral recuerda el régimen de responsabilidades del supervisor, que puede responder civilmente, ser objeto de acción de repetición o de llamamiento en garantía, incurrir en responsabilidad fiscal si su falta de control causa un detrimento patrimonial, en responsabilidad penal por delitos como peculado, cohecho o prevaricato, y en responsabilidad disciplinaria cuando certifica irregularmente el cumplimiento o no informa riesgos e incumplimientos. Nada de eso es nuevo, pero ponerlo por escrito reduce el margen para alegar desconocimiento.
El quinto numeral involucra a las Oficinas de Control Interno, que deben evaluar la efectividad de los controles para la supervisión y la validación de pagos, sin sustituir a los supervisores ni aprobar pagos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la expedición, sus jefes debían presentar al Comité Institucional de Control Interno una hoja de ruta para revisar los mecanismos de control sobre los contratos suscritos en 2026 que estaban vigentes al 7 de agosto, la fecha del cambio de gobierno. Después vendrá un informe trimestral mientras se mantengan las condiciones que motivaron la directiva.
Hay dos límites que conviene tener claros. El primero es el alcance: la directiva obliga a la Rama Ejecutiva del orden nacional; Colombia Compra Eficiente señaló que otras entidades pueden adoptar estas prácticas, pero alcaldías, gobernaciones y sus entidades descentralizadas no quedan obligadas por ella. El segundo es la prueba: la exigencia de evidencia no convierte al supervisor en el único juez del cumplimiento. Como recordó la propia agencia en el concepto C-577 de 2026, el informe de supervisión o interventoría no es el único insumo para declarar responsable a un contratista; la entidad debe verificar su certeza, valorarlo junto con las demás pruebas y motivar por qué le da más credibilidad a una versión que a otra.
Para los proveedores, la consecuencia práctica es documentar mejor desde el primer día: actas, registros fotográficos fechados, entregables con recibo y evidencias que el supervisor pueda incorporar al expediente sin reconstruirlas al final. Para las entidades, la directiva funciona como una lista de verificación de lo que un órgano de control preguntará después. Y para la ciudadanía, convierte el expediente electrónico del SECOP en el lugar donde debería poder comprobarse, pago por pago, que lo que se pagó se ejecutó. En LuxIA seguimos esos expedientes con datos abiertos; la diferencia que traiga esta directiva se podrá medir precisamente por lo que empiece a aparecer publicado en ellos.