El 5 de marzo de 2026 el Gobierno declaró una segunda emergencia económica, social y ecológica por las inundaciones que golpearon ocho departamentos —Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó— y, al amparo de esa declaratoria, expidió una batería de decretos legislativos sectoriales. Uno de ellos, el Decreto Legislativo 222 de 2026 del Ministerio de Transporte, buscaba agilizar la reconstrucción de vías e infraestructura dañada por el fenómeno climático. Como todo decreto de excepción, quedó sujeto a control automático e integral de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Su artículo 2 intentaba levantar, para los contratos de obra e interventoría destinados a atender la emergencia, el tope de adición del 50% del valor inicial que fija el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Es la misma regla que meses antes había suspendido el Decreto Legislativo 175 de 2026 para la emergencia agropecuaria por inundaciones, ya reseñado en el Normograma de LuxIA. La lógica es idéntica en ambos casos: declarada una emergencia, el Gobierno flexibiliza puntualmente el Estatuto General de Contratación para que las entidades amplíen contratos vigentes en lugar de tramitar procesos nuevos, que tardan más de lo que la urgencia permite.
El 15 de julio de 2026 la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-211 de 2026, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y votación de ocho a cero (con aclaración de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar). La Corte avaló la mayor parte del decreto —incluida la ampliación del cupo de adiciones para los contratos de obra— pero declaró inexequible la expresión "e interventoría" del inciso primero del artículo 2, y la totalidad de su inciso segundo. En la práctica, las entidades pueden adicionar sin el tope ordinario los contratos de obra ligados a la reconstrucción, pero no pueden extender esa misma excepción a los contratos de interventoría, y el decreto perdió el alcance adicional que el inciso segundo le sumaba.
La razón de fondo importa tanto como el resultado. La Corte reiteró que la facultad excepcional del Gobierno para tocar las reglas de la Ley 80 durante un estado de emergencia no es una autorización en blanco: solo cubre lo que guarda una relación de conexidad directa con la fase de rehabilitación de la emergencia declarada, y no se extiende por analogía a figuras contractuales que la norma no mencionó de forma expresa. Obra e interventoría son objetos distintos, con riesgos distintos, y ampliar el cupo de adición de la interventoría sin una justificación específica desbordaba ese límite. El fallo también acotó el ámbito territorial de todo el decreto a los municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres certificó como afectados por el fenómeno climático de enero y febrero de 2026, y a los que logren demostrar una afectación concreta adicional.
Para una entidad que ya adicionó un contrato de interventoría de la emergencia por encima del 50% con fundamento en el Decreto 222 de 2026, la sentencia le retira el respaldo normativo a esa adición desde el momento en que la Corte la declaró inexequible. Para veedores y organismos de control, la pregunta relevante deja de ser "¿existía un decreto de emergencia que lo permitiera?" y pasa a ser "¿qué decía exactamente ese decreto, y qué de eso sobrevivió al control de la Corte?" —porque, como muestra este caso, un mismo artículo puede tener un inciso exequible y el siguiente inexequible—. Para proveedores que ejecutan obra o interventoría bajo declaratorias de emergencia, sea esta o la agropecuaria del Decreto 175 de 2026 —que sigue vigente y no ha sido objeto de esta revisión—, conviene revisar el texto del decreto después de su control constitucional, no solo el publicado originalmente en el Diario Oficial.
La decisión llega en un año en el que el control sobre la contratación de emergencia y la transparencia institucional se ha vuelto más exigente. En enero se cerró el último mes de contratación directa antes del congelamiento preelectoral con más de 521.000 contratos firmados según la Contraloría, y en abril el Gobierno reglamentó mediante el Decreto 382 de 2026 el Sistema Nacional de Integridad, que suma a Colombia Compra Eficiente como miembro permanente de la instancia que coordina la lucha contra la corrupción en toda la administración pública. La Sentencia C-211 se inscribe en esa misma tendencia: atender una emergencia real no exime a la contratación estatal de sus controles ordinarios, apenas ajusta con precisión cuáles se suspenden, para qué objeto contractual y por cuánto tiempo.
Para quien vigila estos contratos desde afuera, la dificultad práctica es que muy pocas fuentes públicas dejan en un solo lugar qué parte de un decreto de emergencia sigue vigente después del fallo que lo revisó. Cruzar el decreto original, la sentencia que lo controló y el contrato ejecutado en el SECOP es, hoy, un trabajo manual que la mayoría de veedurías no tiene tiempo de repetir para cada uno de los contratos que nacieron al amparo de una emergencia declarada.