Un veedor pide a una alcaldía copia del informe de supervisión de un contrato de obra porque en el SECOP II solo aparece el contrato firmado y el acta de inicio; nada más. Pasan las semanas y la entidad no contesta. La reacción más común es asumir que ese silencio equivale a un no. Ahí es exactamente donde la mayoría de los ciudadanos, periodistas y hasta proveedores pierden una herramienta que, en este caso puntual, la ley pone de su lado.
La regla general del derecho de petición en Colombia es que la entidad tiene 15 días hábiles para responder, y si no lo hace, la doctrina y la jurisprudencia tratan ese silencio como una negativa: abre la puerta a demandar, pero no entrega el documento. Sin embargo, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por la Ley 1755 de 2015, fija un término especial y más corto para un tipo concreto de solicitud: las peticiones de documentos y de información deben resolverse en 10 días hábiles, no en 15. Y añade algo que sorprende a quien lo lee por primera vez: si la entidad no responde dentro de esos 10 días, "se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada", la administración ya no puede negar la entrega, y las copias deben despacharse en los 3 días siguientes. Es silencio administrativo positivo, la excepción a la regla, y aplica justo al tipo de solicitud que más usa un veedor.
Esto importa en contratación pública porque el SECOP II no siempre tiene el expediente completo. Colombia Compra Eficiente lo reconoce: la Circular Externa 007 de 2025 modificó el capítulo del expediente contractual electrónico precisamente para exigir a las entidades que amplíen lo que suben durante toda la ejecución, no solo el contrato firmado. En la práctica, informes de supervisión, actas de comité y otrosíes a veces existen únicamente en el archivo interno de la entidad. La Ley 1712 de 2014 obliga a publicar las contrataciones adjudicadas y sus datos de ejecución, y la Corte Constitucional ya avaló que la información contractual está sujeta al principio de máxima publicidad, con reservas excepcionales que deben justificarse caso por caso. Pero obligación de publicar no es sinónimo de que todo aparezca a tiempo, y ahí es donde el derecho de petición de documentos se vuelve la herramienta que completa lo que el portal no muestra.
Usarlo bien tiene un detalle técnico que conviene no pasar por alto: conviene invocar expresamente el artículo 14 numeral 1 del CPACA en el texto de la petición, para que quede claro que se trata de una solicitud de documentos y no de una consulta o un reclamo genérico, que sí tienen plazos distintos. Pedir, con el número del contrato en el SECOP como referencia, "copia del expediente contractual completo, incluidos informes de supervisión, actas de comité evaluador y otrosíes" deja poco margen para una respuesta evasiva. Y si pasan los 10 días hábiles sin respuesta, esa misma solicitud —con su fecha de radicado— es la prueba de que la petición se entiende aceptada.
Queda la otra cara: qué pasa si la entidad sí responde, pero niega el acceso alegando reserva. Ahí el margen es más estrecho de lo que parece. El artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 solo abre un recurso expedito —de reposición ante la propia entidad y, si se niega, decisión en única instancia de un tribunal administrativo en 10 días— cuando la reserva invocada es de seguridad y defensa nacional o de relaciones internacionales. Para otras causales, como cuando una entidad intenta cubrir información contractual bajo un supuesto secreto comercial del contratista, ese mecanismo rápido no opera automáticamente; quedan la tutela y la queja disciplinaria como vías, apoyadas en que la reserva sobre contratación pública es la excepción, no la regla.
Y si la entidad simplemente no contesta nada, ni acepta ni niega, eso no es un vacío sin consecuencias para el funcionario que debía responder: no resolver a tiempo un derecho de petición es, en sí misma, una falta disciplinaria. La Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario, exige además que a ese funcionario lo investigue una autoridad distinta de la que lo juzgue y prohíbe sancionarlo por responsabilidad objetiva, así que la queja ante la Procuraduría o la personería no es un trámite simbólico: activa un proceso con garantías, pero un proceso real.
Nada de esto reemplaza revisar primero qué hay disponible: antes de redactar una petición conviene mirar con cuidado el expediente que ya está público en el SECOP II, porque pedir de más alarga la respuesta y pedir de menos deja huecos. Saber con precisión qué falta del expediente de un contrato —y no adivinarlo— es exactamente el tipo de trabajo que LuxIA le ahorra a quien vigila la contratación de su municipio.