Casi toda la contratación del Estado colombiano vive en un mismo lugar: el SECOP. No es una sola plataforma, sino un ecosistema con tres piezas. El SECOP I, la más antigua, funciona apenas como un tablón de publicidad donde las entidades cuelgan documentos. El SECOP II es la plataforma transaccional donde hoy se estructura, evalúa, adjudica, firma y ejecuta la mayoría de los procesos. Y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) opera los acuerdos marco de precios. Sobre esa infraestructura descansan deberes legales concretos: la publicidad que exigen la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1712 de 2014, la trazabilidad del ciclo contractual que reglamenta el Decreto 1082 de 2015 y, en la práctica, la posibilidad misma de que un veedor, un periodista o un competidor vigilen en qué se gasta el dinero público.
Ese ecosistema va a ser reemplazado. Colombia Compra Eficiente (la Agencia Nacional de Contratación Pública) y el Ministerio TIC instalaron el 7 de febrero de 2025 una Mesa de Diálogo Nacional para construir un nuevo sistema de compra pública. El diagnóstico oficial es severo: la Agencia describe plataformas con arquitecturas obsoletas, procedimientos lentos y caídas de servicio que dificultan el seguimiento de los contratos. Los números lo respaldan. La operación, el mantenimiento y las mejoras del SECOP costaron más de 127.000 millones de pesos en una década, de los cuales unos 25.000 millones se gastaron solo en 2024. Y los incidentes técnicos se dispararon: pasaron de 4.552 en 2022 a 17.787 en 2023, con un promedio cercano a 1.020 reportes mensuales durante 2024.
El proyecto, todavía sin nombre oficial —la Agencia lo llama simplemente "Nuevo SECOP" y recibe sugerencias—, busca unificar las tres plataformas en una sola, con disponibilidad permanente, mejores filtros de búsqueda y capacidad para soportar cerca de un millón de usuarios activos y unos 200.000 contratos nuevos al mes. Para financiarlo, Colombia Compra Eficiente abrió un concurso de méritos por más de 23.000 millones de pesos; el contratista se seleccionó hacia abril de 2025 y el contrato de diseño y desarrollo vencía el 31 de diciembre de 2025.
El cronograma anunciado es escalonado y no es un dato menor para quien vigila o licita. La primera etapa, hasta finales de 2025, se concentró en el diseño de la solución, los módulos transversales y la contratación directa, que por sí sola representa más del 75% de la transaccionalidad del sistema. La segunda etapa, prevista para 2026, incorpora la licitación pública, el concurso de méritos, los acuerdos marco y las asociaciones público privadas. Durante la transición ambos sistemas coexistirán: los antiguos quedarán disponibles solo para consulta, sin permitir nuevas transacciones. Que la contratación directa —la modalidad menos competida y más sensible a la corrupción— sea la primera en migrar, y además en un año electoral, es precisamente lo que ha encendido el debate.
Porque la modernización llega con reparos. Un concejal de Bogotá denunció que un cambio de esta magnitud arranca por la puerta más delicada y a pocos meses de las elecciones de 2026. Analistas y gremios han señalado la escasez de detalle en la estructura de costos, las dudas sobre un equipo reducido para un proyecto tan grande y, sobre todo, la ausencia de un plan de contingencia y transición completo. El punto ciego más citado: más de 160 municipios siguen operando en el viejo SECOP I, y una migración mal planeada podría dejar zonas del país sin rastro digital de sus contratos justo cuando más se necesita vigilarlos. A ello se suma que el sistema actual no cumple estándares internacionales de accesibilidad web (W3C), una deuda que el nuevo diseño promete saldar.
Mientras el reemplazo avanza, la Agencia ha reforzado las reglas del sistema vigente. La Circular Externa 003 de 2024 reiteró la obligatoriedad del SECOP II como plataforma transaccional, y la Circular Externa 003 de 2025, del 24 de junio, insistió en el uso correcto de la plataforma para publicar los procesos de contratación. Son señales de que, hasta que el Nuevo SECOP esté estable, el SECOP II sigue siendo la fuente oficial y el expediente electrónico del contrato: allí deben estar los estudios previos, el pliego, las ofertas, la evaluación, el contrato firmado, las modificaciones y la liquidación.
¿Qué cambia en la práctica? Para las entidades, una migración de datos y de flujos de trabajo, más capacitación y el riesgo operativo de convivir con dos plataformas a la vez. Para los proveedores, una interfaz nueva que promete ser más estable e intuitiva, pero también el temor —expresado por varios gremios— de que aparezcan barreras o requisitos técnicos que compliquen presentar ofertas. Para los veedores y la ciudadanía, el reto es doble: aprender a consultar la nueva plataforma y, sobre todo, exigir que la transición no rompa la continuidad ni la apertura de los datos históricos. Una compra pública trazable no depende solo del software: depende de que cada acto quede publicado, completo y a tiempo.
En ese punto es donde una transición ordenada se vuelve un asunto de transparencia y no solo de tecnología. Herramientas como LuxIA se construyen sobre los datos abiertos del SECOP: sin publicación consistente y sin histórico preservado, el análisis de riesgo y el control ciudadano pierden materia prima. El Nuevo SECOP puede ser una oportunidad —datos más limpios, en tiempo real y con soberanía sobre la información— o un retroceso, si la migración se hace sin plan de contingencia ni garantías de interoperabilidad. La recomendación para quien vigila es concreta: seguir de cerca el cronograma, verificar que los contratos de contratación directa que migren primero conserven todos sus documentos, y no dar por sentado que "nuevo" equivale a "más transparente" hasta comprobarlo con los datos en la mano.