Un contratista demanda a la entidad estatal el 26 de abril. Más de un mes después, el 30 de mayo, la entidad expide el acto que resuelve su recurso y confirma que le declaró incumplido el contrato. ¿Tenía todavía competencia para hacerlo? La respuesta parecía depender de qué juez le tocara: durante años, tres de las cuatro subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvieron que la sola radicación de la demanda le quita a la entidad el poder de sancionar o liquidar el contrato, mientras la Subsección B venía fallando en sentido contrario. Un mismo hecho, según la suerte del reparto, producía actos válidos o actos nulos.
El 27 de febrero de 2026, en el Auto con radicación 41001-23-33-000-2023-00088-01 (73035), esa misma Subsección B —con ponencia del magistrado Diego Enrique Franco Victoria— decidió cerrar la discrepancia y unificar el criterio, alineándose con las Subsecciones A y C. La regla que queda vigente es esta: la entidad estatal pierde la competencia para declarar el incumplimiento o liquidar el contrato no cuando el contratista presenta la demanda, sino cuando se le notifica el auto que la admite. Antes de esa notificación no existe relación jurídico-procesal: la demanda puede retirarse libremente, sin que eso implique cosa juzgada (art. 174 del CPACA), así que la sola radicación no es un hecho firme capaz de inmovilizar a la administración.
El caso que originó la unificación lo explica bien. El Departamento del Huila declaró el incumplimiento parcial del Consorcio Vías para el Huila por la construcción de dos vías terciarias, hizo efectiva la cláusula penal y afectó la garantía única. El Consorcio demandó el 26 de abril de 2023, pero el auto admisorio solo se notificó al Departamento el 23 de junio. Cuando la entidad expidió, el 30 de mayo, la resolución que resolvía el recurso de reposición contra esa declaratoria, todavía no existía litis trabada: conservaba la competencia. El Tribunal Administrativo del Huila había suspendido provisionalmente esa resolución por considerar lo contrario; el Consejo de Estado revocó la suspensión y le devolvió el expediente para que resuelva el fondo del asunto.
La precisión importa porque el procedimiento sancionatorio contractual (art. 86 de la Ley 1474 de 2011) exige varios pasos —citación, audiencia, descargos, resolución motivada— que toman semanas. Si el simple hecho de radicar una demanda paralizara a la entidad, bastaría con presentar el libelo el mismo día en que se cita a audiencia para bloquear cualquier sanción, sin que el otro extremo procesal se hubiera enterado siquiera de que existe un litigio. Fijar la notificación como el punto de quiebre obliga a mirar dos fechas concretas —cuándo se radicó la demanda y cuándo se notificó el auto admisorio— para saber si un acto posterior de la entidad es válido o está viciado por falta de competencia temporal.
Semana y media más tarde, la misma Subsección B fijó otro límite temporal, en sentido inverso, en la sentencia del 17 de abril de 2026 (Rad. 25000-23-36-000-2017-01946-01, exp. 71.758). Una empresa de acueducto y una unión temporal discutían si se había pactado una suspensión y una prórroga de un contrato de obra para colectores pluviales. La Sala fue categórica: el plazo de ejecución había vencido, y sencillamente "no resulta jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado", sin importar qué actas, correos o acuerdos verbales sugieran lo contrario. Ambas decisiones comparten la misma lógica: un contrato estatal en crisis tiene fronteras temporales precisas —cuándo nace la competencia sancionatoria, cuándo se extingue, cuándo el contrato mismo deja de poder modificarse— y esas fronteras no se mueven por la buena fe o la costumbre de las partes.
Un concepto reciente de Colombia Compra Eficiente completa el cuadro desde otro ángulo. El C-016 de 2026 recuerda que la garantía única de cumplimiento debe permanecer vigente hasta la liquidación del contrato, y que la responsabilidad por el control y la vigilancia de la ejecución contractual es de la entidad estatal, de forma indelegable: el contratista puede prestar apoyo logístico a la supervisión, pero no puede convertirse en juez de su propio contrato. Leído junto con la unificación de la Subsección B, el mensaje para las entidades es exigente: conservan el poder de sancionar mientras no las notifiquen de una demanda, pero ese poder viene con la obligación de ejercerlo con las garantías vigentes y con una supervisión que de verdad vigile, no que firme.
Para un proveedor que hoy discute una declaratoria de incumplimiento, o para un veedor que sigue un contrato con un litigio activo, estas fechas no son un tecnicismo menor: determinan si el acto que está mirando en el expediente del SECOP II es válido o si nació sin competencia. LuxIA cruza esas fechas —radicación, notificación, resoluciones, otrosíes— con el expediente contractual público para que esa pregunta deje de resolverse por intuición y empiece a resolverse con el dato exacto.