En la contratación estatal colombiana pocos instrumentos son tan usados —y tan discutidos— como el contrato de prestación de servicios, la conocida OPS. Es la forma más común de contratación directa: el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 la autoriza para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad, pero solo cuando no hay personal de planta suficiente o se requiere un conocimiento especializado. En la práctica, buena parte de la fuerza de trabajo del Estado opera bajo esta figura, renovada contrato tras contrato durante años.
El problema aparece cuando la OPS deja de ser un contrato para una labor puntual y se convierte en un empleo disfrazado. Si el contratista cumple un horario, recibe órdenes sobre cómo, cuándo y dónde trabajar, y depende económicamente de la entidad, ya no hay una relación de coordinación entre iguales: hay subordinación. Y donde hay prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, hay —según el principio de primacía de la realidad— una relación laboral, sin importar el nombre que las partes le hayan puesto al papel.
El 5 de junio de 2026 el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 581 de 2026, que adiciona un capítulo al Decreto 1072 de 2015 (el decreto único del sector trabajo) para combatir la tercerización y la intermediación laboral ilegal. Aunque es una norma laboral, toca de lleno a las entidades públicas, porque muchas de ellas contratan bienes y servicios a través de terceros y de contratos de prestación de servicios. El decreto define con precisión cuándo una tercerización es ilegal y, sobre todo, entrega a los inspectores del trabajo una lista de indicios para detectarla.
Esos indicios se agrupan en dos bloques. El primero apunta a la ausencia de estructura propia del contratista: no tener medios de producción, infraestructura o capacidad financiera reales, no asumir los riesgos del negocio o depender por completo de la entidad contratante. El segundo apunta a la subordinación del trabajador frente a la entidad beneficiaria: recibir instrucciones directas de ella, integrarse a su organización, cumplir sus horarios o quedar sometido a su potestad disciplinaria. Cuando por terceros se ejecutan actividades permanentes de la entidad, el decreto presume que existe un vínculo laboral con esa entidad beneficiaria, salvo prueba en contrario.
Las consecuencias no son menores. El régimen sancionatorio contempla multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales por cada infracción mientras la situación subsista, con agravación en caso de reincidencia, además de la orden de formalizar a los trabajadores afectados. Para las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociado que incurran en intermediación ilegal, las medidas llegan hasta la revocatoria de la licencia o la disolución.
Nada de esto es enteramente nuevo en su sustancia: la línea del Consejo de Estado ya era clara. En la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 y del 9 de septiembre de 2021, la Sección Segunda unificó los criterios para reconocer la relación laboral encubierta tras un contrato de prestación de servicios: deben concurrir la prestación personal, la subordinación continuada y la remuneración. La misma providencia fijó en 30 días hábiles el límite de interrupción entre contratos sucesivos para que se entienda que no hubo solución de continuidad, y precisó que los aportes a salud pagados por el contratista son recursos parafiscales que no se devuelven. Lo que hace el Decreto 581 es trasladar esa doctrina al terreno preventivo y sancionatorio: ya no se trata solo de que un juez, años después, declare la relación laboral, sino de que un inspector pueda intervenir y multar antes.
¿Qué cambia en la práctica? Para las entidades públicas, la señal es contundente: una OPS legítima exige un contratista con autonomía técnica y administrativa real, un objeto que corresponda a una necesidad temporal o especializada, y una ejecución sin subordinación. Encadenar contratos de prestación de servicios para cubrir cargos que en realidad son de planta deja de ser una zona gris y pasa a ser una conducta con riesgo sancionatorio directo, sumada a la eventual responsabilidad fiscal y disciplinaria de los supervisores y ordenadores del gasto. Para el contratista, refuerza su posición: la formalización deja de depender exclusivamente de un largo pleito judicial.
Para el veedor ciudadano y el periodista, el decreto ofrece una nueva lente para leer el SECOP II. Cuando una entidad concentra decenas de contratos de prestación de servicios idénticos, renovados año tras año a las mismas personas para funciones misionales permanentes, la alerta ya no es solo presupuestal: puede haber una nómina paralela que evade las obligaciones laborales del Estado. Esa es precisamente la clase de patrón que la inteligencia de datos sobre el SECOP II permite identificar a escala —cruzando objetos contractuales, reincidencia de contratistas y continuidad en el tiempo— para convertir una intuición en una observación documentada. En LuxIA trabajamos para que esos patrones dejen de esconderse entre miles de registros y queden a la vista de quien vigila.