El 4 de agosto de 2026 el Gobierno expidió el Decreto 997, que modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, el reglamento único de la contratación pública. No crea una modalidad nueva ni toca los umbrales de cuantía, pero cambia lo que una entidad debe hacer antes de abrir un proceso, lo que debe exigir en el pliego y lo que un proveedor arriesga si recurre la inscripción de un competidor en el RUP. Son cinco frentes en un solo decreto, y conviene leerlos por separado porque no entran en vigor al mismo tiempo.
El primero es la compra pública sostenible. El decreto incorpora la noción de ciclo de vida, entendida como las etapas de un bien, obra o servicio desde su diseño hasta su disposición final, con sus impactos ambientales, sociales y económicos. La consecuencia práctica está en la planeación: el análisis del sector y los estudios previos deben considerar esos impactos y las alternativas que promuevan sostenibilidad, y las entidades deben adoptar programas institucionales de compra sostenible al elaborar su Plan Anual de Adquisiciones. Además, pueden incluir criterios ambientales y sociales como condiciones técnicas o como factores de evaluación de la oferta más favorable. Entre los ambientales figuran la reducción de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y el uso eficiente del agua; entre los sociales, la vinculación de personas con discapacidad, mujeres, víctimas del conflicto y población vulnerable. Si la entidad decide no incluir ninguno, debe justificarlo en los documentos del proceso. Para un proveedor esto significa que la propuesta técnica puede ganar o perder puntos por algo distinto al precio; para un veedor, que la ausencia de estos criterios debe estar explicada por escrito.
El segundo frente es el más sensible para quienes licitan: la caución para impugnar el RUP. Quien interponga recurso de reposición contra la inscripción de otro proponente debe constituir una garantía bancaria o de seguros que cubra los perjuicios que pueda causar la reposición. El monto es el 10% de la utilidad operacional reportada en el último registro del inscrito, o el 1% de sus ingresos operacionales si no hay utilidad operacional positiva, y la garantía se mantiene hasta un año después de la decisión. No se exige cuando recurre el propio inscrito. La lógica es desincentivar los recursos usados como maniobra para frenar a un competidor, pero el efecto colateral es que impugnar una inscripción que de verdad esté inflada ahora cuesta dinero. Un veedor u oferente que detecte una irregularidad en un RUP deberá calcular ese costo antes de actuar.
El tercero conecta con una preocupación que este blog ya ha tratado: que los contratistas sancionados aparezcan como tales. El decreto ordena que las entidades envíen mensualmente los actos en firme sobre multas, sanciones e inhabilidades, que las sanciones e inhabilidades permanezcan en el certificado del RUP durante el término de la sanción y que las multas permanezcan un año desde su publicación. Añade un caso nuevo: las inhabilidades derivadas de sentencias de responsabilidad civil contractual, previstas en el artículo 58 de la Ley 80 de 1993, se reportan con copia de la sentencia ejecutoriada y permanecen diez años desde su ejecutoria. Las cámaras de comercio deben interoperar con el SECOP para que esa información circule.
El cuarto y el quinto frente son anticorrupción. Los pliegos de condiciones deberán incluir cláusulas anticorrupción para el contratista y una declaración o compromiso anticorrupción que presenten los proponentes, redactados de acuerdo con las políticas antilavado, antisoborno y antifraude de la entidad y con el Código de Integridad. Y las entidades deberán consultar las listas internacionales vinculantes y restrictivas de organismos multilaterales para verificar si un proponente fue inhabilitado por prácticas prohibidas, dejando constancia de la consulta en los documentos del proceso y protegiendo el habeas data. El Gobierno tiene seis meses para desarrollar acciones que faciliten esa consulta. Colombia Compra Eficiente presentó la medida como una respuesta a casos de soborno transnacional como el de Odebrecht.
La vigencia es escalonada y es la parte que más se pasa por alto. Los artículos sobre la caución del RUP, el reporte de sanciones, las cláusulas anticorrupción en los pliegos y la consulta de listas rigen desde el día siguiente a la publicación del decreto. Las reglas de sostenibilidad, en cambio, se aplican a las entidades del orden nacional a los seis meses, a los departamentos y municipios grandes a los nueve, a los de categorías intermedias a los doce y a los más pequeños a los quince. Cada regla se aplica a los procesos cuya convocatoria se publique después de esa fecha, y los procesos regidos por documentos tipo conservan la regulación anterior hasta que se modifiquen esas versiones.
Para el proveedor, la lectura es doble: revisar con calendario en mano cuándo le exigirá cada regla la entidad a la que le vende, y preparar desde ya la información ambiental y social que podría sumarle puntaje. Para el veedor, el decreto ofrece una lista de verificación concreta: si el pliego trae cláusulas y compromiso anticorrupción, si el proceso dejó constancia de la consulta de listas internacionales y si el RUP del adjudicatario refleja sus sanciones. Para la entidad, el riesgo es de forma y de fondo: no basta declarar sostenibilidad ni integridad, hay que dejarlo documentado.
El decreto no reemplaza el juicio de cada contratación, y algunas de sus reglas dependen de lineamientos que Colombia Compra Eficiente aún debe expedir. Pero fija un piso verificable, y ese es justamente el tipo de dato que una herramienta como LuxIA puede ayudar a contrastar: qué procesos ya incluyen los nuevos elementos, qué entidades lo hacen primero y dónde los pliegos siguen igual. Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica.