El 23 de abril de 2026, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, entregó a los medios colombianos una denuncia que concentró la atención pública durante 48 horas: un funcionario del Fondo de Adaptación habría exigido el 10% del valor de un contrato —equivalente a aproximadamente $1.359 millones de pesos— como condición para autorizar el desembolso del 37% de los recursos del proyecto. El contrato en cuestión, por $13.597 millones, tenía como objeto la recuperación de la dinámica hidráulica del río Cauca en La Mojana, una región que acumula años de rezago en infraestructura hídrica y de la que dependen decenas de miles de familias.
La reacción institucional fue rápida en apariencia: la Procuraduría General de la Nación, bajo la delegada Ángela Arroyo para Contratación Estatal, abrió una indagación preliminar con seis meses de plazo para recaudar pruebas. La Fiscalía inició su propia investigación penal por cohecho y concierto para delinquir. El Congreso citó a control político a Carrillo y al director del Ministerio de Educación. La maquinaria institucional del control posterior se activó con la velocidad habitual.
Pero la pregunta que debería hacerse Colombia no es cuántas instituciones reaccionaron, sino por qué ninguna actuó antes.
El Fondo de Adaptación no es una entidad desconocida ni de perfil bajo. Fue creada en 2010 para gestionar recursos destinados a la recuperación de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña, y desde entonces ha manejado billones de pesos en contratos de infraestructura, muchos adjudicados bajo modalidades de menor competencia. Su naturaleza extrapresupuestal —que le permite operar con mayor flexibilidad que las entidades del presupuesto general de la Nación— es precisamente la característica que la sitúa en el segmento de mayor riesgo del sistema contractual colombiano.
El análisis de los datos del SECOP II revela tres patrones que preceden al caso denunciado. Primero, la participación de proponentes en los contratos del Fondo de Adaptación tiende a ser baja: en varios procesos de alto valor se registraron uno o dos proponentes, lo que constituye un indicador de diseños contractuales cerrados o de reputación de mercado que desincentiva la competencia. Segundo, los contratos de recuperación hídrica en la región Caribe y la Depresión Momposina han mostrado variaciones de precio significativas entre adjudicaciones consecutivas para objetos comparables, señal posible de precios pactados o de estimaciones de referencia infladas. Tercero, la secuencia de desembolsos condicionados a trámites extranormativos —como los descritos por Carrillo— genera cuellos de botella que son estadísticamente rastreables en las series temporales de ejecución contractual.
El caso también encierra una paradoja incómoda sobre los incentivos para denunciar. Carlos Carrillo denunció en su calidad de director de otra entidad estatal, lo que le otorgó protección relativa frente a represalias contractuales directas. Pero la pregunta que el caso deja en el aire es cuántos representantes de consorcios privados —como el Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, cuyo representante legal Freddy Alejandro Covilla fue el presunto receptor de la exigencia— han enfrentado situaciones similares y no han denunciado, por temor a perder futuros contratos o a represalias administrativas. La ausencia de denuncia no equivale a ausencia de corrupción: equivale a ausencia de protección.
LuxIA aborda este problema desde el ángulo de los datos. Al identificar contratos con baja participación de proponentes, precios atípicos respecto al mercado de referencia y patrones de desembolso irregulares, el sistema genera alertas que permiten a veedores, periodistas y organismos de control priorizar su atención en los procesos de mayor riesgo, antes de que sean necesarias denuncias formales para que el sistema reaccione.
El caso del Fondo Adaptación no es un fracaso excepcional del sistema anticorrupción colombiano: es su funcionamiento ordinario. Reacción tardía, visibilidad mediática transitoria, investigaciones que se prolongan por años y un riesgo estructural que permanece sin resolver entre escándalo y escándalo. Cambiar esta lógica requiere pasar del control posterior —que castiga después— al análisis preventivo, que detecta antes. Esa transición no es solo técnica: es, en el fondo, una decisión sobre el tipo de instituciones que Colombia quiere tener.